El CONICYT durante la semana pasada ha desarrollado la rendición de cuentas de sus gestión, donde se puede observar la pobreza de su estructura de gobernanza.  Una rendición de cuentas que enumera una serie de transferencias de fondos, pero que no entrega datos de como estos fondos se llevan a cabo o como generan estos bienes o servicios que se puedan transferir a la sociedad.  Es decir un análisis del cumplimiento de los objetivos que existen al momento de crear el financiamiento de estos fondos.

Chile no cuenta con un sistema de ciencia y tecnología, que cumpla con los requisitos establecidos por Sábato y Botana o la triple hélice de Gardner. Existe un diagnóstico del sistema nacional de ciencia y tecnología, el cual es transversal, pero las propuestas no recogen todos los requisitos, de las dialécticas que involucran la triada Estado, Universidades y Empresas.

Las propuestas que se hicieron para el  Ministerio de Ciencia y Tecnología, así como la Ley de Educación Superior, solo vinieron a compensar las carencias institucionales en la gestión del Estado. Las iniciativas actualmente  se limitan a crear una institucionalidad con el chassis adecuado para llevar a cabo las misiones institucionales del Estado y la interacción de este con el Sistema de Educación Superior.

Chile no ha tenido una política de ciencia y tecnología que involucre un mayor rol de esta en el desarrollo de la sociedad. El estado es subsidiario de las iniciativas de investigación desarrolladas principalmente por los Investigadores y las Universidades a las que pertenecen.

Estas últimas han tenido un régimen jurídico los últimos treinta años de amplia autonomía y sin supervisión directa de una subsecretaria ministerial de educación superior que velase por el cumplimiento de las funciones de una Universidad del tipo compleja, es decir que cumplan con desarrollar actividades de investigación y vinculación con el medio. Las Universidades que desean acreditar su calidad y acceder a financiamiento, lo deben realizar ante un organismo de acreditación institucional, las actividades de investigación y vinculación con el medio no son obligatorias para la acreditación hasta el momento (no se ha promulgado la ley).

La discusión actual, no ha contemplado la interacción con el sector de las empresas. Se hace necesario que aumenten su participación en el gasto de investigación y desarrollo más allá del tercio actual del 0.39% del PIB. La próxima discusión se debe llevar a cabo en cuanto a la incorporación definitiva a la sociedad del conocimiento.

Para esto se hace necesario la formalización de puentes entre las universidades, la nueva institucionalidad del sistema de ciencia y tecnología y las empresas. De estas interacciones producir bienes y servicios, que impliquen el desarrollo de nuevas formas de conocimiento, transferencia tecnológica y la comercialización de patentes por parte la triada Universidad, Empresa y Estado.

El proyecto de ley contempla que cada año, a más tardar en el mes de abril, el Ministro de Ciencia y Tecnología deberá dar una única cuenta pública que contenga el resultado de la evaluación de las acciones emprendidas en ciencia y tecnología el año anterior. En la misma instancia deberá presentar los resultados e impactos de mediano y largo plazo de las acciones emprendidas por el Ministerio.

Dicha cuenta deberá contener, al menos, indicadores finales de efectividad de todas las acciones emprendidas por el Ministerio y por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, así como un resumen de todos aquellos informes que el Ministerio y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo deban remitir al Congreso Nacional en cumplimiento de la Ley de Presupuestos vigente.

Para el EEI (Espacio Europeo de Investigación), la gobernanza engloba los múltiples procesos de control y gestión que tienen lugar en el seno de los Estados y entre ellos, en los organismos públicos y en las empresas privadas o en cualquier otra organización social. La gobernanza implica dirigir o fijar metas, seleccionar los medios, regular su funcionamiento y comprobar los resultados (Comisión Europea, 2009). Este es uno de los esfuerzos más maduros en determinar directrices para la gobernanza, ya que se trata de administrar la serendipia y malas conductas en la investigación, además de retomar la dialéctica de desarrollo y dependencia tecnológica (o de la ciencia).

Los principios definidos por la Unión Europea como vitales para la gobernanza son la proporcionalidad y la subsidiariedad, ampliados a la apertura, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia.

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